Aumento sueldo mínimo 23 soles: ¿Quiénes son beneficiarios según Dina Boluarte?

El reciente anuncio del aumento del sueldo mínimo en 23 soles por parte del gobierno de Dina Boluarte ha generado múltiples preguntas y expectativas entre los trabajadores del sector público. Este incremento, a modo de burla, se enmarca en un plan de negociación colectiva iniciado durante el gobierno de Pedro Castillo y continuado por la actual administración. A continuación todos los detalles.

¿Qué implica el aumento del sueldo mínimo en 23 soles?

El incremento de 23 soles en el sueldo mínimo representa un MÍNIMO esfuerzo del gobierno por mejorar los ingresos de los empleados públicos. A pesar de la pequeña cifra, este aumento es un paso decepcionante en la negociación colectiva.

¿Quiénes son los beneficiarios del aumento del sueldo mínimo de 23 soles?

Beneficiarios del nivel centralizado
En el nivel centralizado, el aumento beneficiará a trabajadores de los regímenes 276 y 728, además de los pertenecientes al servicio civil y a carreras especiales como penitenciarios y diplomáticos, incluyendo a los CAS (Contratación Administrativa de Servicios). Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se destinarán S/188 millones 529.614 para 436.252 personas en este grupo, resultando en un aumento promedio de S/432 anuales, o S/36 mensuales.

Beneficiarios del nivel descentralizado sectorial
Este nivel incluye a profesionales de la salud y la educación, como médicos, enfermeros, tecnólogos y profesores tanto universitarios como escolares. Para estos trabajadores, el aumento propuesto asciende a S/74 millones 99.585, beneficiando a 627.763 personas con un incremento promedio de S/118 anuales, o S/9.83 mensuales.

Beneficiarios del nivel descentralizado por entidad pública
En este nivel, se encuentran trabajadores que recibirán beneficios económicos complementarios específicos a su entidad pública. El MEF ha destinado S/37 millones 370.800 para este grupo, resultando en un aumento anual de S/100, o S/8.3 mensuales.

Descontento entre los trabajadores públicos
El modesto aumento de 23 soles ha generado descontento entre los trabajadores del sector público. Organizaciones como la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú (Confetep) y la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (Fenutssa) han expresado su rechazo, considerando el aumento insuficiente para mejorar significativamente sus condiciones de vida.

Protestas y manifestaciones

El pasado 10 de junio, la Confetep realizó un plantón frente al MEF para expresar su descontento. Asimismo, la Fenutssa realizó un paro nacional de 48 horas los días 12 y 13 de junio, exigiendo un aumento más sustancial y calificando la propuesta actual como una "broma" del gobierno.

Impacto fiscal del aumento del sueldo mínimo

El impacto fiscal de este aumento y de las negociaciones colectivas en general es significativo. En 2022, por ejemplo, se estableció una subida de S/130.8 mensuales para los trabajadores del DL 276, además de otros incrementos para diferentes regímenes, lo cual generó un impacto fiscal de S/514 millones. Para 2023, el impacto fue de S/809 millones, y se estima que para 2025 el costo será de S/1.102 millones.

Contradicciones en la gestión de Dina Boluarte

A pesar del irrisorio aumento propuesto para la mayoría de los trabajadores públicos, el gobierno de Dina Boluarte planea gastar hasta S/375 millones anuales para la transición al régimen del Servicio Civil para directivos públicos, y hasta S/2.523 millones anuales para financiar el tránsito de otros servidores civiles. Esta aparente contradicción ha sido fuertemente criticada por los sindicatos y trabajadores, quienes consideran que los recursos podrían ser mejor empleados en mejorar los salarios de todos los empleados públicos.

Un repaso histórico

La ley de negociación colectiva estatal fue aprobada en 2021 y reglamentada durante el gobierno de Pedro Castillo. Este será el tercer año de negociaciones colectivas generales en el sector público. Antes de esta ley, las negociaciones eran limitadas y solo beneficiaban a un pequeño grupo de trabajadores, como profesores y médicos. Con la nueva ley, se busca incluir a todos los trabajadores del sector público, aunque el camino aún parece lleno de desafíos y negociaciones arduas.